La Seguridad Social dispone ya de 156 puntos violeta en sus oficinas de atención al ciudadano en todo el territorio español, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que se suma a las acciones con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La ministra Elma Saiz ha subrayado la importancia de recordar a las 38 mujeres asesinadas en lo que va de año y a las 1.331 víctimas mortales desde 2003, señalando que una democracia no puede permitir que las mujeres sean asesinadas por el simple hecho de serlo y destacando que las oficinas de la Seguridad Social, gracias a su amplia presencia en toda España, se están convirtiendo en lugares seguros donde las mujeres pueden denunciar o pedir ayuda ante situaciones de violencia machista.
El compromiso del ministerio se refleja en todas sus áreas con medidas específicas dirigidas a proteger a las víctimas y a sus hijos e hijas. En este contexto, el nuevo Reglamento de Extranjería, que acaba de cumplir un año, incorpora importantes avances para atender las necesidades de mujeres migrantes que sufren una triple vulnerabilidad por ser mujeres, migrantes y madres. La normativa amplía las formas de acreditar la condición de víctima de violencia de género o sexual, lo que facilita el acceso a permisos de residencia, autorizaciones de trabajo por circunstancias excepcionales y procesos de reagrupación familiar que ahora incluyen también a los padres de la víctima. En 2024 se otorgaron 8.129 permisos de residencia a víctimas de violencia de género o sexual y en lo que va de 2025 ya se han concedido 6.491. Además, los profesionales que trabajan en los programas de Atención Humanitaria y en el Sistema de Acogida de Protección Internacional reciben formación específica para detectar y atender adecuadamente los distintos tipos de violencia, complementada con talleres y sesiones informativas sobre igualdad y prevención en los propios centros.
El Reglamento de la Ciudadanía Española en el Exterior, actualmente en tramitación, introduce nuevas medidas para facilitar la protección y el retorno de mujeres españolas que residen en el extranjero y que sufren violencia, incluyendo asistencia sanitaria si carecen de recursos y ayudas para regresar a España sin necesidad de sentencia firme. Del mismo modo, desde la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital se han incorporado modificaciones para flexibilizar su acceso en los casos de violencia machista, eliminando requisitos como la edad mínima o la antigüedad en la unidad de convivencia y reconociendo automáticamente como familia monoparental a aquella compuesta por una madre víctima de violencia de género y sus hijos menores, lo que incrementa la cuantía del IMV con un complemento del 22 por ciento.
La Seguridad Social también establece otras medidas importantes como ayudas económicas a víctimas de delitos violentos, el reconocimiento como cotización efectiva del tiempo en el que una trabajadora suspende su contrato por ser víctima de violencia de género, la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada involuntaria en estos casos y la garantía de que las víctimas mantendrán su derecho propio a la asistencia sanitaria sin depender del agresor. En situaciones de fallecimiento de la víctima, la pensión de orfandad absoluta para los hijos pasa del 52% al 70% y puede llegar al 118% cuando hay varios beneficiarios, además de contemplar una prestación específica cuando la madre no ha cotizado lo suficiente. Ningún agresor puede beneficiarse de prestaciones ni recibir en ningún caso la pensión de orfandad.
Con todas estas medidas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reafirma su compromiso firme y transversal con la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, destacando que la lucha contra esta violencia es un pilar esencial para la igualdad y para una sociedad verdaderamente democrática. Si quieres, te preparo también el titular y los hashtags.
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