Esther González le recuerda al consejero Suárez que las familias se manifiestan en las calles porque los apoyos necesarios no han llegado a todos los centros
La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Esther González, demandó hoy al consejero de Educación, Poli Suárez, un calendario concreto para garantizar la totalidad de los recursos y apoyos que demandan las familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). González recordó al responsable del Gobierno de las dos derechas canarias que las familias se manifiestan en las calles porque los apoyos necesarios no han llegado a todos los centros.
En la pregunta oral planteada por la parlamentaria de NC-BC en comisión, recordó que cientos de familias se movilizaron el pasado 14 de junio en distintas islas para denunciar una situación, cuyos problemas de fondo están sin resolver.
Citó la falta de personal especializado, insuficiencia de auxiliares educativos, carencia de recursos y dificultases para garantizar una atención adecuada al alumnado con necesidades específicas. La cuestión, para González, “ya no es qué se ha hecho, sino qué falta por hacer y cuándo va a estar resuelto”.
La diputada del grupo nacionalista progresista insistió en la necesidad de conocer cuáles de las medidas anunciadas por la consejería están plenamente operáticas, cuáles permanecen pendientes y cuándo podrán disponer los centros educativos de la totalidad de los recursos que reclaman las familias.
Recordó que el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, se niega a cumplir la ley sectorial canaria que obliga a invertir el cinco por ciento del Producto Interior Bruto en educación. Defendió que la inclusión educativa requiere recursos suficientes para garantizar que ningún alumno se quede atrás y que no se demuestra con discursos, sino cuando los apoyos llegan a tiempo, los profesionales están en los centros y las familias dejan de tener motivos para reclamar derechos en la calle que deberían estar garantizados.
Insistió a Poli Suárez que concretara las actuaciones pendientes, plazos que maneja la consejería para su implantación definitiva y cuando podrán las familias comprobar que las demandas serán atendidas. Preguntas que quedaron sin responder por parte del responsable gubernamental.
Previamente, en una comparecencia solicitada al mismo consejero sobre las medidas en los centros para asegurar una educación plenamente accesible e inclusiva, la diputada de NC-BC defendió una inclusión educativa real y efectiva en todos los centros, con independencia de la isla, el municipio o las características de cada instalación educativa.
Recordó que la calidad de un sistema educativo no se mide únicamente por los resultados académicos, sino también por la capacidad para garantizar que todo el alumnado pueda aprender, participar y desarrollarse en igualdad de condiciones.
Advirtió de que existen importantes barreras que dificultan la plena inclusión de muchos estudiantes, tanto en materia de accesibilidad física como comunicativa, orientación, recursos de apoyo o adaptación de los entornos educativos.
Esther González mostró su preocupación por las demoras en la llegada de recursos y apoyos educativos esenciales. Cuando un apoyo educativo llega tarde, observó que el tiempo perdido ya no se recupera. Las familias, como subrayó la parlamentaria de NC-BC, no piden privilegios ni favores, reclaman derechos que la administración tiene la “obligación de garantizar”.
También refirió las demandas históricas de las personas sordas y sus familias, que continúan reclamando medidas que permitan desarrollar la vida escolar en igualdad de condiciones, pese a que existe cobertura legal suficiente para hacerlo posible.
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