El grupo impulsará la reforma de la contratación sanitaria, pedirá explicaciones por incumplir la regla de gasto y votará a favor de mejoras laborales en el turismo
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) llevará a la sesión de control del Parlamento de la próxima semana el decreto fake anticrisis por el escaso impacto en la ciudadanía canaria del Gobierno de las dos derechas presidido por Fernando Clavijo. El grupo nacionalista progresista aprovechará el pleno para cuestionar directamente al presidente del Ejecutivo sobre la eficacia de estas medidas. Defenderá una proposición no de ley para reformar el sistema de contratación en la sanidad, otra pregunta oral en materia educativa, pedirá explicaciones por incumplir la regla de gasto y votará a favor de la reforma ley para mejorar las condiciones laborales y de la salud para las camareras de piso.
El portavoz parlamentario de NC-BC, Luis Campos, preguntará al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, si las medidas del decreto para afrontar las consecuencias del conflicto bélico en Oriente Medio están a la altura de las necesidades de la ciudadanía y de los sectores productivos del Archipiélago. Campos denunció el plan de Clavijo como el decreto fake, el del “engaño, raquítico y sin impacto real” en la mayoría de las canarias y los canarios.
Defenderá, entre las medidas propuestas por NC-BC con este fin, el refuerzo de la Renta de Ciudadanía con complementos de vivienda y educación, las rebajas fiscales a rentas medias y bajas y la declaración de zonas tensionadas de vivienda, a pesar de que, por el momento, “han sido despreciadas”. Asimismo, señaló la escasa implicación del Gobierno en el paquete económico aprobado, valorado en apenas 30 millones de euros.
En materia educativa, Carmen Hernández preguntará al consejero del área, Poli Suárez, si comparte la afirmación del jefe del Ejecutivo de que invertir el cinco por ciento de la riqueza de Canarias en educación deprime la economía, una declaración realizada durante el reciente debate sobre el estado de la nacionalidad.
Natalia Santana intervendrá en el debate y votación final de la modificación de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, orientada a mejorar las condiciones laborales de las camareras de piso. Santana valora el consenso alcanzado para incorporar medidas como carros motorizados, eliminación de edredones nórdicos y estudios de carga de trabajo que establezcan ratios justas.
Subraya que esta modificación legislativa supone un avance importante para dignificar las condiciones de trabajo de un colectivo especialmente afectado por la sobrecarga laboral, en un contexto de crecimiento récord del sector turístico.
En el ámbito sanitario, Yoné Caraballo impulsará, y pedirá el apoyo del resto de los grupos, para aprobar una proposición no de ley dirigida a reformar el sistema de contratación del Servicio Canario de la Salud. La iniciativa plantea derogar la normativa vigente desde 2011, considerada obsoleta y abrir un proceso de negociación con los sindicatos para aprobar un nuevo modelo adaptado a la realidad actual.
Caraballo criticó la precariedad laboral, las penalizaciones injustas y la fuga de profesionales que provoca el actual sistema, basado en llamadas telefónicas que obligan a una disponibilidad permanente. La propuesta incluye medidas como eliminar sanciones por no atender llamadas, garantizar el derecho a la desconexión digital y mejorar la conciliación laboral.
La parlamentaria Esther González hará comparecer a la consejera de Hacienda, Matilde Asián, para aclarar si el Ejecutivo de CC y el PP reconoce ya el incumplimiento de la regla de gasto en 2025 y si prevé repetirlo en 2026, tal y como advierte la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). González alertó del “desorden” en la gestión presupuestaria de las dos derechas canarias, que obligará a recortes en servicios públicos por valor de 445 millones de euros.
La portavoz económica de NC-BC ha denunciado que el Gobierno no solo incumple las reglas fiscales, sino que además es incapaz de ejecutar correctamente los recursos disponibles, dejando sin gastar importantes cantidades en los últimos ejercicios. En concreto, 1.051 millones de euros en 2025 y 3.430 millones del acumulado desde 2023 Esta situación, ha advertido, puede derivar en una intervención del Estado y en la pérdida de autonomía financiera de Canarias.
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