Esther González reclama activar el artículo 349 que ampara a las RUP, adelantar la evaluación del sistema a 2025 y defender la exención más allá de 2030
La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Esther González exigió hoy al Gobierno de CC y el PP liderazgo político para proteger a Canarias del impacto del comercio de emisiones de dióxido de carbono (CO2) de la Unión Europea (UE) para las conexiones aéreas y marítimas del Archipiélago, más allá de 2030. González reclamó activar toda la fortaleza del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE que reconoce las singularidades de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) y adelantar a 2025 el impacto de la aplicación, desde el 1 de enero de 2024, del 40 por ciento del derecho de emisiones de CO2 en el transporte marítimo.
La parlamentaria de NC-BC avisó que el sistema europeo de comercio de derechos de emisión de gases efecto invernadero tiene un impacto negativo grave y creciente sobre el Archipiélago. “Lo que nos están imponiendo no es una transición ecológica justa, es una penalización silenciosa a la vida en las islas”, afirmó la portavoz en políticas europeas del grupo nacionalista progresista. El modelo europeo, advirtió, pone en riesgo la conectividad, la competitividad y el bienestar económico y social de las islas.
Destacó que, hasta 2030, las islas están exentas del impuesto de emisiones de CO2 en sus conexiones aéreas y marítimas interinsulares y con el Estado. Consideró necesario que se evalúe su impacto antes de su posible implementación después de 2030 y defendió la necesidad de prorrogar la exención.
Alertó además del impacto de la aplicación, desde el 1 de enero de 2024, del 40 por ciento del derecho de emisiones de CO2 en el transporte marítimo, principalmente con los países donde más se comercializa (Latinoamérica, África y la UE). Un porcentaje que aumentó al 70 por ciento en 2025 y al 100 por cien en 2026. Las navieras, tal y como aseguró, ya repercuten estos costes en las cadenas de suministros, lo que afecta directamente a las empresas canarias y a los consumidores.
Ante esta realidad reclamó al Ejecutivo canario, como trasladó NC-BC a la comisión correspondiente del Parlamento europeo a través del eurodiputado Vicent Marzá, que defienda la necesidad de que el informe de evaluación de la aplicación de esta medida, previsto para 2026, se adelante a 2025 al disponer de los datos de la liquidación de 2024 y del primer trimestre de 2025. González sostuvo que la citada liquidación permite conocer el impacto en los precios de los fletes con las importaciones y las exportaciones de las mercancías con Canarias.
También se dirigió al gabinete canario presidido por Fernando Clavijo para exigir que active el artículo 349 del TFUE. El objetivo, recalcó, “defender una excepción estable” o condiciones “específicas” para Canarias y el resto de las RUP. Además de la defensa de la prórroga de la actual exención por emisiones de CO2 más allá de 2030 en base a la “total dependencia” del Archipiélago del transporte aéreo y marítimo para la movilidad y la economía.
Propuso al mismo tiempo la incorporación de los trenes y tranvía de las islas, el uso del transporte guiado impulsado por energía renovable, para optimizar el uso del transporte terrestre, principalmente, el de los vehículos privados.
En opinión de Esther González, “no puede haber una Europa más verde a costa de dejar atrás a sus territorios más frágiles”. La sostenibilidad, subrayó, debe ser “también” social, económica y territorial. “Canarias no puede seguir pagando el precio de políticas mal adaptadas a su realidad insular”, defendió la diputada de NC-BC.
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