La Comisión Ejecutiva del PSOE en Puerto del Rosario acaba de aprobar -concretamente en su reunión del pasado sábado, día 24 de mayo- una resolución sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en el municipio capitalino y en Fuerteventura.
Casi ochenta y nueve años después del estallido de la Guerra Civil española, que abocó a nuestro país a un enfrentamiento cruento que aún mantiene heridas que no han cicatrizado, razón por la que las Administraciones Públicas con capacidad de llevar a cabo medidas que pudieran restañar dichos claroscuros deberían hacerlo, en Fuerteventura todavía hay evidencias que testimonian rasgos de las consecuencias de la imposición de la fuerza y el establecimiento de símbolos que venían a reforzar un estado de las cosas que alejaba cualquier atisbo de normalización histórica y de necesaria reconciliación entre ganadores y perdedores.
Esos signos de diversa índole relacionados, generalmente, con el oprobio de la constatación de la supremacía ideológica y militar, se manifiestan en forma de placas en plazas públicas, avenidas o distinciones que cantan las gestas de algunos adalides del franquismo, aunque el muestrario de dichas consideraciones queda mayoritariamente reflejado en el callejero de varias poblaciones de nuestra isla. El sostenimiento inalterado de estos focos testimoniales de un tiempo que proyecta una memoria que no es matizada ni mitigada por actos políticos perfectamente aplicables, requiere de correcciones que operen y hagan posible lo reparable.
Ese, en cierto modo, fue y es el propósito de la Ley de Memoria Democrática -de 2022-, y con anterioridad de la Ley de Memoria Histórica -de 2007-, promulgadas por el PSOE y continuamente denostadas por el PP a través de su práctica derogación no oficial con su anulación sistemática en los Presupuestos Generales del Estado, con el obvio propósito de desactivar su efectiva aplicación en todo el territorio nacional. Esta situación está generando que se esté procurando articular leyes autonómicas análogas, como en Canarias.
Siendo así, ante la tentación, por parte de determinados gobiernos, de seguir silenciando e incumpliendo la Ley de Memoria Histórica, los socialistas de Puerto del Rosario abogamos por la necesidad de disponer de una norma de rango legal, en este caso de cumplimiento en la Comunidad Autonómica de Canarias a través de una ley promulgada por el Parlamento de Canaria, en tanto que necesario y corrector complemento a la ley de ámbito nacional, que se ha venido incumpliendo sistemáticamente hasta ahora, lo que, en cierto modo, supone tratar de asumir en el imaginario la normalización forzada por los símbolos del franquismo.
A modo de ejemplo de los muchos existentes, tengamos en cuenta, no obstante, que en Puerto del Rosario se instauró un centro de internamiento de reclusos, en Tefía, que, bajo el pretexto de dar supuesto ‘tratamiento a vagos y maleantes’, suponía, de facto, un campo -colonia- agrícola en el que se obligaba a realizar trabajos forzados a aquellos que también osaban contradecir y desobedecer el espíritu del Régimen. Todo acto infame como los que se llevaron a cabo en la colonia agrícola de Tefía merece una reparación y una reposición del honor, estableciendo el justo tratamiento a familiares y descendientes de los represaliados, con una ‘comisión de la verdad’ si fuera preciso.
Por ello, el PSOE en Puerto del Rosario reclama el íntegro cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática en nuestro municipio y en Fuerteventura, de manera que se plasmen en nuestra isla los tres elementos que caracterizan la transición de las dictaduras a las democracias: Verdad, Justicia y Reparación.
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