Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) consideró “insólito” que el Gobierno de las derechas canarias haya pactado las medidas urgentes en materia de vivienda “sólo” con los empresarios de la construcción. El canarismo de progreso ve con recelo que se haya obviado a los ayuntamientos y cabildos, principalmente. Advierte sobre consecuencias “indeseadas de las “nuevas ocurrencias”, de convertir bajos comerciales y oficinas en residencias, relacionadas con el posible impulso de más pisos turísticos. Tampoco comparte Nueva Canarias-BC la desaparición del suelo destinado a equipamientos y zonas verdes por ser una medida contraria el desarrollo de servicios públicos esenciales y políticas medioambientales para ganar en calidad de vida.
El presidente de NC-BC, Román Rodríguez, catalogó como “muy sorpresivo” que el proyecto de decreto ley, que el Consejo de Gobierno prevé aprobar la próxima semana, solamente haya sido acordado con una parte “muy interesada, la que hará negocio, legítimo, pero no parece lo más adecuado” cuando se busca hacer frente a los graves problemas de acceso a una vivienda en el Archipiélago.
Para el canarismo de progreso, las medidas urgentes ayer avanzadas por el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez, debían ser dialogadas y consensuadas también con los ayuntamientos, los cabildos y en el Parlamento.
La diputada canarista Carmen Hernández subrayó que hoy “afortunadamente” Canarias puede empezar a superar las consecuencias, de más de una década sin política pública en la materia, gracias al plan de vivienda aprobado, en diciembre de 2020 y vigente hasta 2025, en la pasada legislatura con el pacto de progreso.
Fruto de un “gran pacto social y político, de todo el mundo”, suscrito en marzo de 2020, Carmen Hernández observó que el citado plan tiene una ficha financiera de 600 millones de euros. “Ya tenemos” actuaciones planificadas, con proyectos redactados o en diferentes fases administrativas, incluidas algunas en construcción. “Lo que hace falta es que el Gobierno remueva todos los obstáculos para que se hagan realidad las casi 6.000 viviendas” de protección del plan canario.
La parlamentaria canarista ve necesarias algunas medidas urgentes. Pero, tal y como puntualizó, tienen que ser “eficaces y para su inmediata implementación”. Citó la simplificación y agilización de los trámites administrativos, que el canarismo de progreso defiende, con carácter general, para el impulso de las actividades productivas y las instituciones públicas. Al igual que la actualización del precio de los módulos.
Román Rodríguez criticó la promoción de “nuevas ocurrencias” en el proyecto de decreto ley. “Cuando ya se echaron para atrás con el disparate de edificar nuevas viviendas en suelo rústico, ahora apuestan por convertir” los bajos comerciales y oficinas en residencias, cuestionó el presidente del canarismo de progreso.
Una medida que, en NC-BC, genera muchas dudas ya que experiencias anteriores en otras comunidades y ciudades como La Coruña han despertado el interés de los privados para ser convertidos los citados inmuebles en pisos turísticos.
Tampoco es apoyada la idea de usar el suelo reservado para equipamientos, como colegios y centros de salud, y zonas verdes como parques y jardines, para construir viviendas. “Todo lo contrario” de la promoción de políticas para el desarrollo de los servicios públicos esenciales y medioambientales que contribuyen a reducir la contaminación e incrementar la calidad de vida de la ciudadanía, denunció Román Rodríguez.
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