La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Carmen Hernández reclamó hoy al Gobierno de las dos derechas canarias (CC y el PP) que garantice, en los presupuestos de 2027, la financiación del contrato programa con las universidades públicas. La portavoz del grupo nacionalista progresista en la materia advirtió de que, tras tres años de retraso, la ausencia de este acuerdo es por una “falta de voluntad política” del gabinete presidido por Fernandio Clavijo, lo que compromete la estabilidad y la suficiencia financiera de la institución de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) y la de La Laguna (ULL).
En una pregunta oral en comisión a la consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura, Migdalia Machín, sobre la previsión de firma del contrato programa con las universidades públicas; Carmen Hernández defendió la relevancia de este acuerdo al indicar que debe aportar “estabilidad económica y suficiencia presupuestaria”. Además de permitir el cumplimiento de la inversión del uno por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) que obliga la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
La diputada nacionalista reprochó que el Ejecutivo de CC y el PP lleve “tres años negociando” un acuerdo que todavía no se ha cerrado, pese a contar con “más recursos que nunca”. Recordó que el Gobierno de Clavijo acumula 2.300 millones de euros más de financiación en el acumulado de los presupuestos de 2024, 2025 y 2026, de los que 813 millones de euros corresponden al presente ejercicio presupuestario.
También una inejecución acumulada de 3.430 millones de euros. “No haber aprobado el contrato programa no es una cuestión económica ni de falta de recursos; solo podemos concluir que existe una falta de voluntad política”, afirmó.
Aseguró que esta demanda no sólo es planteada por NC-BC, sino también los rectores y los consejos sociales, que recientemente han trasladado al Ejecutivo la necesidad de cerrar, cuanto antes, este acuerdo marco.
Carmen Hernández, ante la inconcreción de la consejera, insistió en que, si el contrato programa debe entrar en vigor en 2027, la anualidad económica correspondiente a ese ejercicio debe incorporarse ya a los presupuestos para el próximo año. Un proyecto de ley que comenzará a tramitarse en el Parlamento el próximo otoño.
“Si el contrato programa va a ser eficaz en 2027, su financiación tiene que quedar recogida en los presupuestos de 2027. No puede seguir demorándose una decisión clave para el presente y el futuro de nuestras universidades públicas”, defendió.
Se hizo eco la diputada de Nueva Canarias del informe anual sobre el estado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria presentado por su rector, Lluis Serra, en el que se alerta de una institución “tensionada por una financiación insuficiente”. En su opinión, la falta de un contrato programa y de una financiación adecuada está provocando un deterioro progresivo de las universidades públicas.
Señaló que la Ulpgc cifra en 11,5 millones de euros la descapitalización sufrida por las restricciones presupuestarias. “Así se deteriora la universidad pública: poco a poco, privándola de recursos, dificultando su modernización, frenando nuevas titulaciones y limitando la oferta de plazas y másteres”, denunció.
“Esto me recuerda mucho a ese mantra de algunas comunidades muy derechistas que plantean que la financiación es lo de menos y por eso lo que hacen es irla descapitalizando poco a poco”, según la parlamentaria nacionalista progresista.
Para Hernández, esta situación no solo compromete el funcionamiento de las dos instituciones de enseñanza superior, sino que acaba perjudicando al alumnado y a sus familias. “Cuando la universidad pública se debilita, muchos estudiantes se ven empujados a acudir a la privada, con el consiguiente esfuerzo económico y endeudamiento para muchas familias”, advirtió.
Por todo ello, Carmen Hernández reclamó al Gobierno de Canarias que culmine “de una vez” la negociación del contrato programa y garantice una financiación suficiente, estable y ajustada a la LOSU. “Esperemos que el retraso no tenga que ver con que no quieren cumplir” la LOSU, expresó. Para NC-BC, “invertir en la universidad pública es invertir en desarrollo, cohesión social e innovación”.
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