Esther González afirma que el Gobierno de CC y el PP tiene que “respetar” las solicitudes y “voluntad” de los ayuntamientos
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) solicitará al pleno del Parlamento que apoye la declaración de las zonas residenciales tensionadas en el Archipiélago para aplicar los índices de referencia para el alquiler y racionalizar los exorbitados incrementos por la falta de oferta. La diputada canarista Esther González afirmó que el Gobierno de CC y el PP tiene que “respetar” las solicitudes aprobadas por los ayuntamientos si se cumplen los criterios fijados por la ley estatal. Opinó que, si los municipios fueron catalogados como “mayores de edad” para asumir las transferencias urbanísticas por la ley del suelo del presidente, Fernando Clavijo, y el anteproyecto de ley del alquiler vacacional reconoce a los mismos la capacidad para determinar el número de alquileres turísticos a acoger en su territorio; el pacto de las derechas canarias “ahora también debe acatar la voluntad de los ayuntamientos y proceder a la tramitación de la declaración de las zonas tensionadas, si lo solicitan”.
La parlamentaria de NC-BC defenderá, en la próxima sesión plenaria, una proposición no de ley para instar al Gobierno de Canarias a “liderar, conjuntamente con los cabildos y ayuntamientos, en aquellos municipios o zonas específicas de determinados municipios, la declaración de zonas de mercado residencial tensionadas, que permita poner límite al importe de los alquileres de viviendas destinadas a uso habitual”.
Esther González afirmó que, para resolver la emergencia habitacional de las islas, es necesario poner en marcha, al mismo tiempo, un conjunto de medidas que ayuden a destensar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a una residencia, ya sea en alquiler o la compra.
De las cinco medidas identificadas por la diputada canarista, el plan canario que además prevé, y debe ser impulsado, el programa de incentivos para que regresen al mercado del alquiler una parte de las 211.000 residencias vacías; algunas medidas del decreto ley, la limitación del alquiler vacacional y la compra especulativa por parte de los extranjeros, González dijo que la declaración de las zonas tensionadas para algunas áreas de un municipio o para todo el territorio de la ciudad o localidad es la que tendrá unos efectos “más inmediatos”.
Por este motivo, según la diputada canarista, el gabinete de Fernando Clavijo tiene que “respetar” la decisión adoptada por los ayuntamientos y proceder, por la competencia que le otorga la norma estatal, a “declarar” tensionada la zona solicitada por el municipio si cumple con los requisitos exigidos.
Se refirió a que el coste medio de la hipoteca o el alquiler, contados los gastos, superen el 30 por ciento de los ingresos medios de los hogares y que el precio de compra o del alquiler, en los últimos cinco años, haya experimentado un crecimiento acumulado de, al menos, tres puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del IPC en la comunidad.
Para NC-BC, el problema para acceder a una vivienda en las islas es tan grave que “no cabe pensar” que el Gobierno de CC y el PP anteponga razones ideológicas o de intereses particulares vinculados con el decreto ley de medidas urgentes “únicamente” consensuado con los constructores.
Aseguró que Canarias es la segunda comunidad que menos vivienda social ha construido en los últimos 20 años, a lo que se le añade el desmesurado incremento de los precios del arrendamiento.
En 2023, y según el informe anual de Fotocasa, sostuvo que el Archipiélago era el tercer territorio del Estado, después de las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, donde mayores incrementos se experimentaron, con una variación anual del 13,3 por ciento. Los precios medios de la vivienda en alquiler en estos últimos cinco años, añadió González con datos del portal inmobiliario Idealista, han subido de los 9,7 euros el metro cuadrado en abril de 2019 a los 13,2 euros el metro cuadro de febrero de 2024.
En la actualidad, Esther González aseveró que, en una cantidad importante de municipios y en un mayor número de zonas de distintas localidades, las familias se ven obligadas a destinar, de media, más del 40 por ciento de sus ingresos al pago del alquiler. Una “sobrecarga, en muchos casos, imposible” de asumir, denunció la parlamentaria de NC-BC.
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