Desde el Partido Popular, y siempre con el máximo respeto a los procedimientos judiciales, a las actuaciones en curso y a la presunción de inocencia, consideramos —dado que ha transcurrido ya un tiempo más que prudencial desde los últimos acontecimientos ocurridos en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario— que el alcalde, como máxima autoridad municipal, debe comparecer públicamente para ofrecer certidumbre y tranquilidad a la ciudadanía.
Nos referimos a los registros practicados recientemente en dependencias municipales, que habrían vinculado a un técnico y a una concejala con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos menores de obras y servicios entre los años 2021 y 2023, correspondientes a la pasada legislatura.
Asimismo, reiteramos una exigencia que ya planteamos desde el inicio de la actual legislatura y que hoy es más necesaria que nunca: la realización de una auditoría completa de todos los contratos menores adjudicados durante la pasada legislatura. La auditoría realizada hasta ahora por el grupo de gobierno es parcial, limitada únicamente a aquellos contratos que presuntamente están siendo investigados judicialmente, lo cual resulta claramente insuficiente.
No puede pasarse por alto que los actuales socios de gobierno del alcalde David de Vera, el PSOE, fueron los principales responsables de la gestión durante el periodo ahora bajo sospecha, al ostentar la Alcaldía en aquella etapa. En este contexto, la negativa del actual alcalde a realizar una auditoría completa parece responder más a su interés por proteger el pacto de gobierno con el PSOE que a un verdadero compromiso con la transparencia y la buena gestión pública.
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